Hace casi dos años 769 familias del valle del Polochic (Guatemala) fueron desalojadas violentamente de las tierras que ocupaban.

Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno guatemalteco que aportara los recursos necesarios para garantizar a esa población la alimentación, seguridad, salud y vivienda, ha pasado más de un año y el gobierno no ha cumplido con ninguna de esas medidas.

Las familias campesinas que trabajaban la tierra cultivando maíz, frijol y otros alimentos, ahora padecen hambre. El presidente de la república se comprometió a adjudicar tierras a las familias afectadas, pero hasta ahora sólo les ha ofrecido tierras pantanosas no aptas para cultivos ni viviendas.

Los campesinos y campesinas del Valle del Polochic no quieren bolsas de alimentos, ni fertilizantes. Sólo quieren que les devuelvan las tierras en las que han vivido y cultivado sus alimentos durante generaciones.

Este caso en Guatemala es un ejemplo claro de acaparamiento de tierras, una tendencia cada vez más extendida que, bajo la apariencia de inversión en agricultura, da lugar a desalojos, engaños, violaciones de los derechos humanos y destrucción de las formas de vida de comunidades vulnerables que dependen de la tierra para subsistir.

Firmando esta petición, denunciamos un caso claro de acaparamiento de tierras y apoyamos la demanda de estas 769 familias campesinas reclamando al gobierno de Otto F. Pérez Molina que cumpla su compromiso y les devuelva las tierras para que puedan vivir dignamente.  (Tomado de: http://bit.ly/13oI94x)

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Pide al presidente de Guatemala que devuelva las tierras a las 769 familias víctimas de desalojo violento en el valle del Polochic Enlace:http://bit.ly/desalojos

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Me planto para que 769 familias víctimas de #desalojo violento en #Guatemala recuperen sus tierras  http://bit.ly/desalojos

Queremos compartir este documento que se presentó en el Congreso Agrario realizado en pasados días en la ciudad de Bogotá, donde participaron más de 1000 campesinos y campesinas, indígenas y afros de todo el país en el tema agrario en torno a la mesa de negociación de Paz que se lleva actualmente.

REFORMA AGRARIA INTEGRAL

La Mesa Nacional de Unidad Agraria - MUA, la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, el Pueblo Negro/Afro en Colombia, Movimiento Colombiano por la defensa de los territorios y afectados por represas - Ríos Vivos, Asociación de afectados por el proyecto hidroeléctrico el Quimbo – ASOQUIMBO, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC, SINTRA CATORCE,  como resultado del diálogo en ocasión de este Foro de Desarrollo
Agrario proponemos al pueblo colombiano la unidad por los siguientes propósitos:

1. Acceso a la tierra para la población rural colombiana con criterio diferencial étnico y de género, con redistribución de la propiedad de la tierra afectando el latifundio improductivo en condiciones dignas de trabajo para los asalariados del campo.

2. Las mujeres rurales, jefas de hogar, victimas de la violencia o en estado de desprotección social deben tener prioridad en las políticas rurales.

3. Reordenamiento territorial que respete la autonomía de las comunidades rurales y étnicas con base en usos potenciales, cambiando una parte de los usos actuales en ganadería hacia la agricultura y conservación ambiental (por lo menos 11 millones de los 37 millones de hectáreas dedicados a la ganadería, deben pasar a la agricultura).

4. No aceptar las políticas actuales de cambiar los usos del suelo de vocación agropecuaria hacia la gran minería, megaproyectos hidroeléctricos, hidrocarburos y agrocombustibles. Suspensión de títulos mineros en territorios colectivos y en zonas ambientales y de producción campesina y étnica y suspensión inmediata de las licencias ambientales de todos lo proyectos
minero – energéticos que viene causando graves afectaciones económicas, sociales ambientales y culturales y abstenerse de otorgar licencias ambientales que actualmente cursa para los proyectos minero-energéticos.

5. Todos los baldíos de la Nación y los bienes del fondo de tierras de la Nación que se destinen a particulares y no tengan restricciones por razones de territorialidad ancestral, serán destinados a indígenas, afrodescendientes y campesinos (reiterando disposiciones de la ley 160/94).

6. Declaratoria, respecto de las políticas y mecanismos para garantizar el acceso progresivo a la propiedad de la tierra y al territorio de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, como de utilidad pública e interés social de la Nación.

7. No aceptación de la figura de derecho real de superficie.

8. Declaratoria de la producción indígena, campesina y afrodescendiente, y a la soberanía y autonomía alimentaria, y la conservación, libertad circulación y manejo de semillas ancestrales y nativas como de utilidad pública e interés social de la Nación.

“FORTALECIENDO LA UNIDAD CAMPESINA Y POPULAR EN DEFENSA DEL DERECHO A LA TIERRA Y EL TERRITORIO.

Durante los días 09 y 10 de noviembre de 2012, sesionó el Primer Congreso Agrario de la Región Central de Colombia y coherente con los propósitos y objetivo de la convocatoria, declaramos:
 
 
1.    Que el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Santos,  se estructura en las denominadas locomotoras del desarrollo, dos de las cuales afectaran seriamente la actividad de la economía campesina y en general los territorios; la primera se relaciona con   la explotación minero energética y  la segunda la agroindustria y la agricultura comercial.
2.    El modelo de desarrollo neoliberal y de acumulación acelerada de capital, no se corresponde con la realidad social, económica, política, cultural y ambiental de las comunidades rurales del país.
3.    El conflicto social y armado que vive el país como consecuencia de la inequidad, concentración de la riqueza (tenencia de tierra),  de un ordenamiento territorial soportado sobre las relaciones capital – trabajo, infraestructura vial en el campo precaria y muchas veces inexistente, carencia de servicios básicos como salud, educación, agua potable, energía, entre otros, condenan al campesinado colombiano a vivir en condiciones extrema de pobreza.
4.    Los intereses económicos y políticos de la clase dominante  aliados al gran capital transnacional soportados sobre la base de la militarización y el paramilitarismo creciente en el campo colombiano, son los causantes del desplazamiento y despojo de los bienes sociales y propiedades de los campesinos.
5.    La poca efectividad en la aplicación como consecuencia de la falta de voluntad y decisión política del actual gobierno y sumado a lo anterior la actitud violenta de los usurpadores contra los líderes y las organizaciones defensoras de las víctimas  agrava el estado de
Vulnerabilidad e indefensión en que se encuentran las y los campesinos inmersos en el proceso de restitución de tierras y de reparación de víctimas.
6.    Los Tratados de Libre Comercio favorecen a las Transnacionales en detrimento de los campesinos, indígenas y afrocolombianos. De la misma manera al sector de la producción industrial de pequeña escala y el comercio; entregando garantías jurídicas y exención de impuestos al gran capital.
7.    La privatización  de las semillas nativas y criollas por corporaciones transnacionales como Monsanto, Singenta, Carguil,  entre otras; monopoliza la tenencia y distribución de estas y la introducción e imposición de semillas transgénicas;  con lo que se vulnera la soberanía de los pueblos y pone en riesgo el equilibrio de los ecosistemas y la existencia de la humanidad. Todo esto garantizado con la expedición de la ley 1518 de 2012 y otros decretos complementarios.
8.    Los Tratados de Libre Comercio y acuerdos comerciales;  en sus componentes económico, político, militar, ideológico y cultural afectarán no solo la economía nacional sino también la autonomía y soberanía alimentarias, sino también   los saberes ancestrales y culturales propios de los colombianos/as.
9.    La aplicación de las políticas neoliberales promueven el éxodo de jóvenes del campo a la ciudad y vulneran los derechos de las mujeres rurales creando con ello desintegración familiar, carencia de mano de obra en el campo, pérdida de identidad y pertenencia cultural.